Más de una docena de observaciones a la licitación pública para contratar los refrigerios escolares en el municipio de Bucaramanga, hizo al alcalde de la ciudad, Fernando Vargas Mendoza, el Comité de Seguimiento al Pacto por la Transparencia.
Las observaciones a la licitación pública Nº LP-SEB-002-10, referidas en una carta enviada al mandatario local por María Teresa Duarte, Vocera del Comité de Seguimiento al Pacto por la Transparencia de Santander, van acompañadas de sus respectivas propuestas de modificación.
Estas son algunas de las observaciones:
• La publicación del proyecto de pliego de condiciones se fijó entre el 20 de mayo y el 2 de junio, pero la publicación del proyecto de pliego se realizó el 20 de mayo a las 6 y 36 pm, es decir una vez concluida la jornada hábil, por lo anterior se disminuyó en un día el plazo para la presentación de observaciones.
• Se observan exigencias bastante altas en cuanto a capital de trabajo y patrimonio, que no guardan relación con otros procesos licitatorios de la entidad de igual o mayor presupuesto oficial, es decir que no existen criterios uniformes en la administración municipal para cumplir con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1150 respecto a los requisitos habilitantes.
• La Secretaría de Educación ha optado en la presente vigencia por hacer más exigentes las condiciones financieras, lo cual no contribuye a mejorar la calidad del contratista sino a limitar la participación de oferentes.
• La exigencia de cupo de crédito representa un gasto adicional para el proponente, por lo tanto desconoce el principio de economía que rige la contratación estatal. Además se considera un requisito innecesario teniendo en cuenta que se entrega un 30% de anticipo.
• Consultado el SECOP encontramos muy pocos proponentes en capacidad de cumplir con la experiencia, requisitos financieros y que tengan instalaciones en Bucaramanga, entre ellos la Corporación Wakusari, integrante del Consorcio Andino, contratista del ICBF regional Santander.
• En el pliego se exige al contratista contar con 11 centros de producción divididos entre los núcleos educativos a atender. Se solicita que se explique la ventaja de contar con centros de producción por núcleo y no con uno industrial.
• Se observa una exigencia bastante alta de capacidad de contratación de casi 12 mil millones de pesos y una capacidad residual de casi 6 mil millones.
“Estas observaciones tienen como fin mejorar el proceso de contratación para permitir que más proponentes puedan participar de la licitación y ésta se desarrolle de manera más transparente”, señaló finalmente María Teresa Duarte, Vocera del Comité de Seguimiento al Pacto por la Transparencia.
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